Formalizan a ocho personas por estafa al Estado y negociación incompatible

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Hasta ahora el perjuicio que involucra a un ex CORE, totaliza cerca de 180 millones de pesos y la Fiscalía de Rancagua prepara formalizaciones en contra de otros dos ex funcionarios públicos.
F.A.S.
Se trata de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Rancagua, a través de los persecutores adjuntos Carlos Fuentes y Claudio Riobó, quienes indagan irregularidades en la ejecución de proyectos de cultura, deportes y seguridad pública financiados con el 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) entre los años 2011 y comienzos del 2014.

La indagatoria iniciada a mediados del año recién pasado, a raíz de una denuncia emanada desde la propia Intendencia Regional de O’Higgins, y que motivó entre otras diligencias, incautaciones en la casa del Gobierno Regional y domicilios particulares, busca esclarecer los hechos luego de que surgieran indicios contables y administrativos sobre proyectos con adjudicación económica para su financiamiento y que nunca se ejecutaron. Es por ello que el día de ayer se formalizó entre otros, al ex consejero regional Héctor Jorquera (ex UDI) por un delito de negociación incompatible, dado que se investiga su participación en uno de los proyectos adjudicados.

Por otra parte se les formalizó por 13 delitos de estafa al Estado y falsificación de instrumento privado a otros siete particulares, identificados como: Reinaldo Vergara, Magdalena Cáceres, Elizabeth Sandoval, Simón Figueroa, Rodrigo Figueroa, Esteban Arancibia y Rodrigo Hernández, todos quienes por medio de diferentes ONG, se adjudicaron los dineros para la ejecución de proyectos simulando su realización, y donde incorporaron boletas de honorarios por servicios que nunca se prestaron para los mismos fines.

Tras la audiencia de formalización de cargos, que se extendió por casi 6 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, cuatro de los imputados resultaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y otros cuatro con la cautelar de firma quincenal; se decretó un plazo de 90 días para el cierre de esta investigación.

Cabe señalar que cada asignación de recursos a estos supuestos proyectos, bordean entre 10 y 20 millones pesos, perjuicios que hasta ahora totalizan cerca de 180 millones de pesos. La Fiscalía, en tanto, formalizará a fines de octubre a otros dos ex funcionarios públicos involucrados en este tipo de conductas, y no se descarta que existan más imputados en la misma causa.

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