Dirección General de Aguas: “En Rengo, San Vicente o Chimbarongo, hay muchos menos derechos otorgados respecto al agua usada”

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  • Eso te puede llevar a concluir que hay derechos no regularizados o que existen problemas de utilización ilegal de las aguas”, añadió la autoridad del organismo, Carlos Estévez. Estos son los resultados del estudio piloto de la huella hídrica, iniciativa que cubrió la cuenca del Río Rapel.

 

Marcela Catalán

Con el objetivo de encabezar un segundo taller de capacitación sobre la huella hídrica, además de dar a conocer las principales modificaciones al Código de Aguas, llegó hasta la Región de O’Higgins el director general de Aguas, Carlos Estévez. De ambos temas conversó la autoridad con el Diario El Rancagüino, abordando inicialmente el primer tópico.

En sus palabras, el mencionado taller versó sobre un estudio piloto aportado por Suiza, para precisar los antecedentes existentes sobre el volumen total de este líquido vital, empleado para producir bienes y servicios. La iniciativa abarcó la cuenca del Río Rapel y fue ejecutada por la DGA del Ministerio de Obras Públicas (MOP), contando con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude),y fue ejecutada por Fundación Chile y Water Footprint Network.

“La huella hídrica permite la identificación de problemas críticos de una  cuenca, de tipo económicos, sociales y ambientales. Además, facilita la formulación de propuestas de gestión y solución de estos puntos críticos”, explicó Estévez. En base a la investigación ya hecha, el siguiente paso del Gobierno es generar una propuesta replicable, en cuencas con similitudes hídricas y de tipos de usuarios.

En relación a la reunión hecha en esta parte del país, también invitaron a los asistentes al taller a conformar una mesa de huella hídrica regional, para seguir profundizando sus conocimientos sobre el tema e involucrarse en la gestión integrada de recursos hídricos.

De acuerdo con la autoridad, cada vez se hace más relevante entender cuál es el volumen de agua empleado para producir los diferentes artículos exportados. En ese sentido, detalló que para realizar el estudio, convocaron a actores provenientes desde el mundo de la minería, las sanitarias, hidroeléctricas, aparte de personajes que pudieran dar cuenta de la perspectiva de los regantes.

Respecto a las conclusiones de esta indagatoria, Estévez declaró que Machalí, Rengo, San Vicente y Chimbarongo son las comunas de la región con una mayor huella hídrica de la cuenca. Además, determinaron un indicador verde, azul y otro gris. Según comentó, el primero “tiene que ver con la relación entre el agua natural, las lluvias que caen, y los ríos”. En tanto, el azul apunta al consumo de agua en la agricultura, mientras que el gris se refiere al retorno del líquido utilizado, aun cuando pueden hacerlo con una calidad menguada. Esto es relevante, para ver cómo propiciar su regreso óptimo o sano, entre otras cualidades.

“Nos dimos cuenta de que el riego es irrelevante en Machalí, con un 8 por ciento”, agregó el director. Aquello, pesar de que “la huella hídrica del sector alcanza casi un 70 por ciento en toda la cuenca”. Es así como en esta comuna, el agua se destina principalmente a El Teniente, especifica. A nivel regional, ésta va dirigida, mayoritariamente, a la agricultura.

Además, detalló que “en Rengo, San Vicente o Chimbarongo, nos encontramos con sectores con ciertas rarezas (…) Hay muchos menos derechos otorgados, respecto al agua usada. Eso te puede llevar a concluir que hay derechos no regularizados o que existen problemas de utilización ilegal de las aguas”, añadió.

“Lo importante (de este estudio) es que nos permite gestionar este elemento”, agregó Estévez. En esa línea, destacó que esta investigación viene a combatir la desinformación existente en esta materia. Del mismo modo, situó como problemas “la escasa capacidad de fiscalización” en el tema. Por eso, recalcó que “hay un diagnóstico grave y deficitario del modo en que se está gestionando el agua. “Se requiere hacer cambios estructurales y adecuaciones, siguiendo los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los foros mundiales del agua, que nos están invitando a modificar nuestra institucionalidad y normativa. Así es como entramos en el Código de Aguas”, enfatizó.

Sobre las modificaciones a este último, cuestión recientemente votada por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara y que ahora está en análisis en la Comisión de Agricultura, subrayó que el proyecto no expropia aguas y “privilegia el acceso a ésta no sólo de modo declarativo, sino que de forma bastante concreta”. Aquello, en especial en el área rural.

“En la actualidad, si pido 5 litros por segundo para un pozo de agua potable rural y una empresa me pide 55 sobre el mismo punto, esto se decide en un remate, el cual será ganado por quien tiene más dinero. Pero ahora, al decir el código que se prioriza el consumo humano, significa que se dirá que los 5 litros no van a remate judicial y no entran en las reglas del mercado”, ejemplificó.

Además, contó que cuando un comité de agua potable rural pida derechos en el tema, la DGA tendrá 30 días para constituirse en terreno y 90 días para hacer un informe técnico, entregando un derecho transitorio por dos años. “Esto permitirá que la comunidad tenga agua y tramite sus expedientes”, agregó. Igualmente, estos comités “podrán excavar y sacar líquido para el consumo humano, no para venderlos con otros propósitos y sin tener que tramitar derechos”,

Por otro lado, explicó que el Estado podrá reservar líquido aún disponible para el futuro. Esto, en caso de que se aviste un crecimiento demográfico importante en una determinada población. “Y si en algún minuto hay un conflicto entre las aguas para consumo humano con las del sector productivo, se privilegiará el sector urbano, aunque haya una sanitaria. En eso, el código no se pierde”, finalizó Estévez.

Respecto a si esta modificación podría incidir en que bajen las cuentas de agua, responde que a mediano o largo plazo se detendrían las tarifas. Aquello, toda vez que se garantice “un mejor modo de acceso al agua para el consumo (…). Eso se notará recién en 10 o 20 años, después de la reforma”, sostuvo. No obstante, esgrimió que este aspecto se relaciona con la industria sanitaria y con los costos en que ésta debe incurrir para comprar el elemento en su fuente natural. “Por regla general, la han recibido gratis de parte del Estado, aunque puede que en casos excepcionales deban comprarla. El valor que tiene se vincula con los costos de administración de la empresa, como la conducción del agua, el impulso enérgico, la distribución, el traslado de la misma o el arranque. Eso no lo regula la DGA, sino que la Superintendencia de Servicios Sanitarios”, remató.

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