Más del 70 por ciento de las causas de la DPP son por mal control de impulso

El Defensor Penal de O’Higgins, Alberto Ortega, entregó la Cuenta Pública respecto a los años 2014-2015.
  • El Defensor Penal Público indicó que en el período entre el 30 de noviembre del 2014 e igual fecha del 2015, se atendieron 22 mil 998 usuarios. Además, de las 1 mil 485 prisiones preventivas e internaciones provisorias, 143 personas quedaron libres tras el juicio oral.

Felipe Alvear Silva
Fotos: Héctor Vargas

 

Como ya es tradicional, la Defensoría Penal Pública de la Región de O’Higgins realizó su Cuenta Pública para el período comprendido entre el 30 de noviembre del 2014 y el 30 de noviembre del 2015. La sesión informativa se realizó en el Salón O’Higgins de la Intendencia Regional, y contó con la presencia del Defensor Nacional, Andrés Mahnke; la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcia Undurraga; el Defensor Regional, Alberto Ortega; el Fiscal Regional, Luis Toledo; el senador Juan Pablo Letelier; más los jefes de Carabineros y PDI, y diversas autoridades regionales.

En la ocasión, el Defensor Regional indicó que durante estos 14 años que lleva la institución en nuestra Región de O’Higgins, han atendido a más de 220 mil personas, brindando la atención debida que requieren las personas que no pueden contratar un abogado particular, hecho que ha sido fundamental para el buen desarrollo de la Reforma Procesal Penal, que en los próximo días cumplirá 11 años en la región.

Específicamente en el tema, el defensor Ortega señaló que en el período en cuestión se atendieron a 22 mil 998 usuarios, de los cuales 4.492 fueron mujeres y el resto, 18.706 fueron varones; además, del total 1.639 fueron menores de edad, 186 fueron extranjeros, 20 de los pueblos originarios, y el delito más recurrente –nuevamente- fueron las lesiones.

Sobre esto último, Ortega argumentó que “lo que en verdad debiera preocupar es el mal control de impulsos de nuestra población, pues más del 70% de las causas atendidas por la DPP se refieren a lesiones, amenazas y manejos en estado de ebriedad”, mientras que sólo el 4,1 por ciento de las causas fueron los delitos de mayor connotación social, como los homicidios, delitos sexuales y robos con violencia.

EL MITO DE LA PUERTA GIRATORIA

Uno de los puntos que más ha llamado la atención durante los últimos años, ha sido el de la competencia de los estamentos que conforman el aparato judicial para controlar los delitos, cuestión de la cual Ortega señaló que “podemos asegurar que el ‘desborde de la delincuencia’ es un mito que se instala en la comunidad, tal cual el de ‘La Puerta Giratoria’. En la primera aseveración debemos asegurar que las cifras de las policías, el Ministerio Público y las nuestras (DPP) muestran que hay una disminución de la mayoría de los delitos los últimos cuatro años. Y respecto al segundo caso (puerta giratoria) debemos indicar que esta región tiene una de las tasas más altas de personas imputadas presas a propósito de esta medida cautelar, lo que sin duda es un tema que nos preocupa”.

Relacionado a esto, el Defensor Regional indicó que durante el período indicado se decretaron 1.485 prisiones preventivas e internaciones provisorias, y del total 143 personas fueron declaradas inocentes tras ir al juicio oral. “De ellas, 26 estuvieron más de 6 meses presas”, recalcando que esto provoca un daños irreparable, especialmente para los jóvenes. “A nivel nacional, somos la región con más imputados que resultan inocentes. ¿Qué estamos judicializando? Esta cifra incluye a todas las personas que han sido imputadas, no sólo las que han pasado por la privación de libertad durante la investigación”, agregó.

Por último, el abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile, señaló que se hace sumamente necesario entender que los castigos punitivos, como los ofrecidos por la Agenda Corta, no son la solución para el fenómeno de la delincuencia, sí la intervención del Estado y en general de la sociedad para mejorar temas como las oportunidades y por sobre todo la rehabilitación.

Por último, Ortega reiteró la necesidad de que la Defensoría Penal Pública continúe con el desafío de ser una institución autónoma para que no tenga injerencias externas, y así poder seguir con el desafío de la DPP de entregar la necesaria presunción de inocencia y una defensa de calidad a todas las personas; incluso a las que hoy están utilizando abogados para defender causas, y “que en el pasado nunca pensaron utilizarla”.

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