Contraloría cuestiona uso de casa fiscal en Cardenal Caro

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Paola Rocha, jefa de la Dirección de Vialidad de la provincia, usó la casa asignada a la gobernadora Teresa Núñez durante un año sin los permisos respectivos de Bienes Nacionales, y a eso se suma la utilización de materiales y trabajadores del Ministerio de Obras Públicas para arreglar esta propiedad. A petición de la Contraloría la funcionaria fue sometida a un sumario.

 

 

IRENE PADILLA A.

 

 

Es de conocimiento común dentro de los funcionarios del Estado, la existencia de la asignación de diversas residencias fiscales a cada una de las reparticiones de gobierno, casas y departamentos que están destinados al uso de jefes de servicio o administrativos que necesiten una residencia temporal en una zona distante a sus domicilios de origen.
Ese es el caso de la provincia de Cardenal Caro, donde diversas viviendas fiscales son usadas por funcionarios de gobierno que deben establecerse en este sector costero. Hace algunos meses representantes de la Asociación de Trabajadores de Vialidad de esa provincia recurrieron a la Contraloría General de la República para denunciar a la actual directora de Vialidad de Cardenal Caro, Paola Rocha, de usar la casa asignada a la Gobernación de Cachapoal como residencia privada, y no solo eso, sino además de utilizar materiales y trabajadores del Ministerio de Obras Públicas para construir un cierre perimetral a la vivienda que está en manos del Ministerio del Interior.

Manuel Navarro secretario de Anatraval y funcionario de Vialidad de Cardenal Caro cuenta que “la jefa provincial desestimó habitar en su momento la vivienda fiscal correspondiente a Vialidad ubicada en calle Dionisio Acevedo Nª 11 de Pichilemu y prefirió habitar la casa fiscal correspondiente a la gobernadora, la cual le habían cedido de forma irregular. No obstante lo anterior , lo más grave es que la Jefa Provincial decidió efectuar reparaciones a la vivienda, la cual corresponde al Ministerio del Interior, y para tales efectos utilizó recursos de la Dirección de Vialidad en otro organismo público como: sueldos, viáticos, insumos, materias primas, y transporte”.

Los antecedentes recabados por los trabajadores generaron una investigación por parte de la Contraloría Regional, la que en septiembre emitió un informe que ratificaba los hechos denunciados por los funcionarios de Vialidad del MOP. En el documento, el organismo fiscalizador asegura que en primer lugar la Gobernación de Cardenal Caro no actuó en régimen con la ley, al ceder la vivienda. Según el documento la gobernadora Teresa Núñez entregó solo de palabra el uso de la casa perteneciente al Ministerio del Interior, a Paola Rocha, funcionaria de otro ministerio, sin siquiera haber informado al Ministerio de Bienes Nacionales, propietario de la casa fiscal ubicada en la calle Thompson de Pichilemu.
En segundo lugar la Contraloría en su informe ratifica que fueron usados viáticos, trabajadores y camiones de la Dirección de Vialidad entre el 1 y el 12 de diciembre de 2014 para construir un cierre perimetral en esta vivienda. La orden habría sido dada por Paola Rocha, jefa de la Dirección de Vialidad sin siquiera consultar a sus jefaturas directas del MOP. La Contraloría detalla que para la confección de la reja, construida en base a materiales sobrantes del MOP, fueron usados diez obreros del Ministerio a los cuales se les pago viáticos por $706.017 pesos.
La Contraloría además detectó que para el transporte de estos materiales, fue utilizado un camión que posee un contrato con la Dirección de Vialidad, el cual debe prestar servicios sólo en la provincia de Cardenal Caro, pero que en el caso de esta obra, transportó materiales desde la provincia de Cachapoal hasta Pichilemu.
El organismo fiscalizador en su informe dice textual que estos actos “contravienen la probidad administrativa al emplear bajo cualquier forma dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros”, es por ello que ordenó a la Dirección de Vialidad la realización de un sumario a esta funcionaria, el cual se encuentra en proceso. Rocha sigue habitando la casa fiscal de la Gobernación de Cachapoal y según el MOP se espera que a mediados de este mes se cambie a la nueva casa construida para Vialidad en Pichilemu.

 

 

“No supimos hasta que la Contraloría informó”

Oliver López es el director regional de Vialidad de O’Higgins y explica que su subalterna, Paola Rocha , por la contingencia al momento de asumir el cargo usó la casa asignada por el Estado a la gobernadora de Cardenal Caro, así lo relata el personero del MOP: “Cuando a Paola se le asigna el cargo de Jefa Provincial no se queda en la casa del antiguo jefe sino que se queda en otra casa que estaba ubicada en un terreno donde habían tres viviendas fiscales de Vialidad, eso porque el jefe provincial anterior todavía no entregaba la casa. En esa época llega una funcionaria de Santiago y como Paola ya estaba instalada en la casa de Vialidad, le dice a esta funcionaria que se quede en la casa del anterior director que ahora se estaba desocupando.
“Después de eso comienza la ejecución del proyecto de construcción de las nuevas instalaciones de la Dirección Vialidad y se hizo justo en el terreno donde estaban estas tres casas fiscales. Paola tenía que dejar esa vivienda porque la iban a demoler , empezaron a hacer los trámites para que la funcionaria dejara la casa que Paola le había cedido, y como la gobernadora vio estos problemas le dijo ‘oye ocupa esta casa que yo no estoy usando’. Paola tomó la decisión de ocupar la casa de la gobernadora para no sacar a la otra funcionaria”.
Consultado López sobre la irregularidad que determina la Contraloría en cuanto a que una funcionaria del MOP use una casa del Ministerio del Interior sin siquiera pedir permiso al Ministerio de Bienes Nacionales, el director regional de Vialidad enfatiza que “independiente que sea Paola jefa provincial de Vialidad a quien la gobernadora facilitó la casa , la gobernadora en su condición de administradora de la vivienda fiscal que se le asignó, no es usual, pero ella podría habérselo pasado a una hermana , prima, familiar y en este caso se la pasó a Paola, eso lo tiene que manejar la Gobernación no nosotros”.

En cuanto a la construcción de un cierre perimetral usando recursos e insumos del MOP, para López “si hubo falta y fue un error de la Jefa Provincial haber puesto algunos materiales en desuso, unas barreras que siempre quedan y en vez de botarlas se usaron en reparar la reja de la casa de la gobernación para darle mayor seguridad, pero eso está ahora en un sumario administrativo”.

Lo llamativo de este caso es por qué el MOP , ante irregularidades evidentes, esperó que la Contraloria investigara las denuncias de trabajadores y no hubiese dado anteriormente la orden de sumario que ameritaba el caso . El seremi Pablo Silva explica que el Ministerio no sabía que Rocha había usado recursos de la Dirección de Vialidad para mejorar la casa que habitaba. “No nos habíamos enterado de esto antes, fue a raíz de la denuncia de los dirigentes en la Contraloría y nosotros ahí tomamos las acciones correspondientes, pero no hubo ninguna intención de ocultar nada, todo lo contrario se cumplió con el procedimiento”.
Y, según Silva, la funcionaria actuó sin malas intenciones. “Hubo un desconocimiento de parte de ella o un intento porque esto saliera lo antes posible porque si no nosotros hubiéramos tenido que hacer una especie de proyecto y seguramente no lo habríamos podido realizar cuando lo necesitaba y ella tomó esa mala determinación, pero creo que lo hizo con la intención de dejar la casa habitable e insisto que no se usaron recursos en una casa particular sino que fiscal”, sentencia Pablo Silva.

 

 

MALOS TRATOS A LOS TRABAJADORES

Paola Rocha , jefa de la Dirección de Vialidad de Cardenal Caro no solo ha sido sumariada por el polémico uso de la casa de la Gobernación, sino también por ser acusada de malos tratos y abuso de poder con sus trabajadores. Manuel Navarro, dirigente de Anatraval detalla “los trabajadores interpusimos internamente una denuncia en contra la señora Rocha por malos tratos laborales, amedrentamiento, represalias y hostigamiento, la cual se realizó en abril del presente año, denuncia firmada por los trabajadores afectados (70%) y remitida a las autoridades ministeriales. Luego de casi seis meses, recién se está desarrollando un sumario interno el cual no da ninguna confianza de su resultado, por lo extemporáneo de su ejecución, y el poco compromiso para realizarlo”, concluye el dirigente.

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