Primeras formalizaciones por Caso Caval terminaron sin prisiones preventivas

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La audiencia de individualizaciones dejó a siete personas con firmas mensuales (entre ellas Compagnon), tres con arresto domiciliario nocturno (entre ellos los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí: Cynthia Ross y Juan Silva) y tres con arresto domiciliario total (el síndico Chadwick, el socio de Caval, Valero, y Díaz).

 
Felipe Alvear Silva
fotos: Héctor Vargas Astudillo

 
Tal como estaba planificado, durante la mañana de ayer viernes se realizó la audiencia de formalizaciones por el denominado Caso Caval, investigación que lleva la Fiscalía Regional en contra de la empresa Caval Limitada y contra otros 13 imputados, entre ellos la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

Si bien la alta expectación periodística de la audiencia comenzó desde temprano -y los preparativos del Tribunal de Garantía desde días antes-, las individualizaciones comenzaron a las 9:30 horas, cuando el juez de Garantía, Luis Barría, le dio la palabra al Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo. El persecutor comenzó indicando los inicios del caso, que se remontan a los años noventas, cuando se conformó la empresa agrícola Wiesner SA, que compró los terrenos Santa Elena, San Diego y posteriormente Santa Cecilia.

Tras ello, el fiscal Toledo dividió las formalizaciones penales en cuatro partes. La primera incluía al síndico de la empresa Wiesner SA, Hernán Chadwick, al operador comercial Juan Díaz y a la síndico suplente Mariclara González; en la oportunidad se acusó a Chadwick de sacar dineros de la agrícola para pasárselos a Díaz, que no prestaba servicio alguno, todo con la ayuda de González. Por todo ello se formalizó a Chadwick como autor de ventajas indebidas del síndico, a Díaz como cómplice de ventajas indebidas del síndico, y a González como encubridora de ventajas indebidas del síndico.

Posteriormente, en el segundo grupo, se formalizó nuevamente a Díaz; a la arquitecta y ex funcionaria de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross; al ex director de Obras del municipio, Jorge Silva; y a su esposa, Marisol Navarrete. En la oportunidad el fiscal Toledo señaló que tanto Ross como Silva y Navarrete trabajaron para Díaz en cuanto a la propuesta de modificación del plano regulador para elevar el precio de las parcelas. Todo ello, según el Ministerio Público, constituye los delitos de autor de soborno reiterado (para Díaz), de autores de cohecho reiterado (para Ross y Silva) y de cómplice de cohecho reiterado para Navarrete.

El tercer grupo reunió a Mauricio Valero y la sociedad Caval Limitada. De acuerdo a lo indicado en la audiencia, Valero y la empresa Caval le entregaron dineros a Díaz -y por él al resto de involucrados- para la compra de los terrenos Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego. Por ellos se formalizó a Valero por el delito de coautor de soborno reiterado y a la empresa de soborno reiterado.

El cuarto grupo reunido por el fiscal Toledo fue el de los abogados Andrés Orchard (Chadwick), Pablo Ovalle (Wiesner) y Daniel Huerta de la familia Wiesner. De acuerdo a lo expuesto, los abogados recibieron los dineros de las acciones fraudulentas, por lo que se configuran los delitos de prevaricación del abogado y ventajas indebidas del síndico para Ovalle y Huerta, y de ventajas indebidas del síndico para Orchard.

 

 

CAUSAS TRIBUTARIAS

Una vez realizadas las formalizaciones penales, el fiscal Toledo y los abogados del Consejo de Defensa del Estado y del Servicio de Impuestos Internos, realizaron las formalizaciones tributarias. Pero antes de esto hubo una discusión jurídica de la competencia de los querellantes, por lo que los defensores de los imputados por delitos tributarios señalaron sentirse perjudicados; la discusión fue zanjada por el juez Barría, que decidió continuar con la formalización señalando que las defensas deberían haber conocido las querellas y que el resto era resorte de los reclamos futuros.

Conocido esto, el Fiscal Regional Luis Toledo y el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, realizaron las formalizaciones: para Hernán Chadwick por declaración maliciosamente incompleta y omisión maliciosa de declaraciones tributarias; para el empresario y militante UDI, Patricio Cordero, por facilitación de documentación tributaria falsa; para su esposa Paulina Besserer por facilitación de documentación tributaria falsa; para Juan Díaz por facilitación de documentación tributaria falsa; para Mauricio Valero por declaraciones de impuestos maliciosamente falsos; y para su socia Natalia Compagnon por declaración de impuestos maliciosamente falsos.

 

 

MEDIDAS CAUTELARES

Finalizada la lectura de los delitos tributarios, y ante la atención de los periodistas que seguían la audiencia desde una sala remota, el fiscal Toledo comenzó a solicitar las medidas cautelares. Las primeras fueron para los tres abogados de Wiesner y Chadwick (Orchard, Ovalle y Huerta), por los que se solicitó firma mensual, y como no hubo oposición de los defensores, el juez Barría las decretó.

Seguido vino la formalización más esperada (por los medios), la de la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon. Por ella el fiscal solicitó firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al resto de imputados; la medida fue aceptada por el defensor, por lo que el magistrado la decretó. Igual final tuvieron los imputados Besseres (arraigo nacional), Cordero (firma mensual y arraigo nacional) y González (firma mensual); mientras que Ross, Silva y Navarrete, quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Por último, y tras un largo receso que incluyó la salida del tribunal de los imputados -entre ellas la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, que se fue en medio de insultos, escupitajos y pedradas-, el fiscal Toledo pidió la cautelar de arresto domiciliario total para los últimos tres imputados: Díaz, Chadwick y Valero, lo que fue aceptado por el juez de Garantía, Luis Barría. Todos ellos, los 13, tienen cautelares por un plazo de investigación de un año.

A las 14 horas, en punto, terminó la primera formalización por el denominado Caso Caval, que involucra a ex funcionarios públicos y familiares de la Presidenta Michelle Bachelet, entre ellos su hijo Sebastián Dávalos y su nuera Natalia Compagnon. Dos horas y media más tarde, a través de un comunicado que leyó en La Moneda, y en medio de incipientes lágrimas, la mandataria se refirió escuetamente al tema, principalmente de su sentimiento personal.

 

 

“LOS DELITOS DE COHECHO TIENEN PENAS BAJAS”

Una vez terminada la audiencia de formalización celebrada en el Tribunal de Garantía -con el apoyo del Tribunal Oral en lo Penal-, el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, realizó un punto de prensa al interior del Ministerio Público regional, ubicado a un costado. En la ocasión se refirió al hecho de que no se solicitaron prisiones preventivas, y del trabajo realizado y venidero. Además, indicó que “los delitos de cohecho tienen penas bajas… deberían tener penas mas altas”.

“Hoy (ayer) tuvimos por lo menos tres imputados y 25 abogados defensores que no rebatieron ninguna de las medidas cautelares, y algunas de ellas implicaban privación de libertad; esto da cuenta de la solidez de la causa, más allá de la medida de prisión preventiva que no fue solicitada, y no fue solicitada simplemente porque se estima que aquella concedida es funcional a la investigación. La prisión preventiva no es anticipación de penas, y los que investigamos objetivamente, lo sabemos”, indicó el persecutor.

Además, Toledo añadió que “hemos hecho una investigación de trabajo, y nos somos un gran equipo (numeroso), trabajamos cinco abogados detrás de una gran cantidad de antecedentes”. Respecto a nuevas formalizaciones, el persecutor indicó que “por ahora es lo que tenemos en la carpeta de Caval, y los que no están, es porque la evaluación hasta ahora no dan para solicitar formalizaciones. Hoy (ayer) comienza una etapa judicial de investigación dentro de una etapa formalizada. Aquí no ha terminado nada, comienza una investigación judicial, y que aceptado por la defensa, será de un año. Estoy absolutamente conforme”, finalizó.

 

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NUNCA HABIA ESCUCHADO UNA NARRACION DE LA DANZA DE MILLONES DE PESOS, DONDE LOS BENEFICIADOS NO VENDEN BIENES Y TAMPOCO PRESTAN SERVICIOS, EMITEN DOCUMENTOS, QUE AL PARECER, NO SON LOS DE USO NORMAL Y SUFREN UN CASTIGO PROVISORIO, QUE NO ES EJEMPLAR, EL SEÑOR DEL CARTEL, APARECE EN RANCAGUA, CUANDO ALGUNAS AUTORIDADES, O CERCANOS A ELLAS, REALIZAN ALGUNOS ACTOS, QUE ALGUNOS VECINOS DE RANCAGUA, CONSIDERAN INADECUADOS, Y ESTIMAN QUE DEBEB SER SANCIONADO CON PENAS EJEMPLARES, PERO LAS LEYES APROBADAS POR DIFENTES ACTORES, DICEN QUE SON ERRORES O FALTAS MENORES. LA CIUDADANIA, DEJA DE TENER CONFIANZA EN SUS AUTORIDADES, PERO CARECE DE ALGUN PODER PARA REPRESENTAR SU ANGUSTIA A ALQUIEN, PERO ESE ALGIUIEN NO APARECE, EN PARTE ALGUNA.

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