CODEPRA insiste en invalidación de Resolución Ambiental

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–  Tras la salida del Intendente de la región, la organización ratificaría su posición ante la inviabilidad ambiental del proyecto de Max Agro en la zona y la pertinencia de la solicitud de invalidación de su RCA.

Preocupación generó en la Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel (Codepra), la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de solicitar la renuncia al Intendente de la región de O´Higgins, Juan Ramón Godoy (PS). Ya que para Codepra la salida de la autoridad se debería “a supuestas presiones indebidas en favor de la instalación de un criadero de  cerdos de la empresa Max Agro en la comuna de La Estrella”. El presidente de organización, Óscar Anwandter, señaló que este escenario “ratificaría nuestra petición de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Si se llegara a comprobar que efectivamente existió influencia externa, sería una situación muy delicada porque quiere decir que las autoridades no votaron a consciencia, basándose en datos  objetivos,  respecto de la viabilidad del proyecto desde el punto de vista medio ambiental”.

Durante el mes de enero, la Comisión de Evaluación Ambiental de O’Higgins rechazó la solicitud presentada por Codepra, el Comité de Agua Potable y otras organizaciones locales para revocar la RCA de la planta de MaxAgro. El resultado adverso se presentó gracias a los votos de  los seremis de Transporte y Telecomunicaciones, Francisco Lara; Economía, Mauricio Carreño; Vivienda, Hernán Rodríguez; y el seremi subrogante de Medio Ambiente, Eduardo Tamayo. Juan Ramón Godoy encabezó la instancia, lo que finalmente inclinó la balanza hacia el rechazo de la petición.

Camilia Contesse, abogada de GreenlandChile y representante de Codepra, precisó que ya  “se ha interpuesto ante el Tribunal Ambiental de Santiago una reclamación por ilegalidad en contra de la resolución Nº /2016 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la VI Región, presidida por el Intendente recién removido”.

En ese sentido,  la abogada comentó que “en caso que existan presiones indebidas en la votación que fundó la resolución que actualmente está siendo reclamada, la propia Comisión de Evaluación Ambiental deberá invalidarla de oficio para ser sometida nuevamente a votación.  De no realizarse esta gestión de oficio, analizaremos solicitarlo nosotros directamente”.

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