Son alrededor de 200 los hogares afectados: Familias esperan desde 2010 para tener sus viviendas propias

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  • Se trata de perjudicados por el llamado 27/F, como también de grupos regulares que postularon a un subsidio. De acuerdo con el Serviu, el retraso del fin de las obras obedecería a que la empresa a cargo quebró y ahora se debe contratar a otra constructora. Según el organismo, si todo sale bien, el conjunto podría ser entregado en tres meses más, a partir de abril.

 

Por; Marcela Catalán

 

Cansados de esperar están diversas familias de la zona, pues desde 2010 que aguardan la entrega de sus nuevas viviendas. Y es que desde esa fecha viven como allegados de parientes, amigos o conocidos, en ocasiones en paupérrimas condiciones, mientras que otros cancelan arriendo cuando podrían estar invirtiendo dichos dineros en sus propios inmuebles. Se trata de afectados por el llamado 27/F, como también de grupos regulares que postularon a un subsidio. Todos ellos desean cambiarse pronto a sus futuras propiedades, las cuales son levantadas en Población Edmundo Cabezas, al lado de Doña Sofía, en el sector nororiente de Rancagua.

En línea con Gloria Escamilla, una de las dirigentes del Comité San Francisco 3 y 4, son 128 los hogares en esta situación. En tanto, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) los cifran en 200, entre casas y departamentos en desarrollo.

De acuerdo con la representante de los afectados, la primera entrega estaba fijada para el 22 de diciembre de 2014, comunicándoles en ese entonces que el proceso se había atrasado porque la empresa Sagunto había quebrado. “Esta continuó a cargo, porque se había arreglado y tiró unas boletas como pagaré. Nos dijeron que todo estaría listo para enero o febrero de 2015, pero no pasó nada”, comenta. Según indica, por eso es que otras familias que postulaban al mismo barrio, aunque en etapas anteriores, se tomaron sus inmuebles para que se los traspasaran en agosto de ese año. En vista de ese escenario, las autoridades les habrían señalado que los hogares de las fases 3 y 4 estarían finiquitados para el 14 de octubre de 2015. Finalmente, aquello no ocurrió.

“Después nos aseguraron que nuestras viviendas estarían para el 22 de diciembre como un regalo de navidad. No fue así, porque la empresa quebró y los tuvieron que echar. Las obras quedaron botadas, con unos guardias dando vuelta y a nosotros no nos dan una respuesta”, agrega Escamilla, quien afirma que todavía no asoma una solución en las reuniones que han sostenido con el Serviu.

“El martes (pasado) recién íbamos a tener un encuentro para saber quién tomará de nuevo los trabajos. Pero si las empresas que podrían asumir -son dos- no coinciden con el precio a pagar, ahí vamos a quedar y a lo mejor tendremos que esperar hasta Año Nuevo”, advierte.

En línea con los afectados, el conjunto alcanza un 92 por ciento de avance. De tal modo, faltaría hacer funcionar la conexión de agua potable, luz y resolver otros detalles, como la instalación de calefont, cubre piso, además de arreglos a las murallas.

Por otro lado, el retraso en el traspaso de las viviendas ha generado situaciones de estrés entre los hogares, explica la dirigente, pues varios residen como allegados y otros deben pagar arriendo, sin saber hasta cuándo permanecerán así. Uno de los casos más complejos es el de una pareja de adultos mayores que vive con unos conocidos. Estos les habrían facilitado dos piezas para que duerman sus seis nietos, debiendo poner la cama matrimonial en un pasillo. Para no estar a la vista de todos, instalan plumones a modo de improvisadas paredes. Todo lo demás queda a la intemperie.

“Cocinan, después desarman y guardan. Ella tiene mucho miedo por las noches, en especial cuando está sola, porque todo está abierto. Antes del terremoto, vivían de allegados en una casa. Después tuvieron que salir de ahí. También hay otra abuelita que vive con sus hijos y no puede dejar su habitación, porque son malos con ella y se hace en los pantalones, ya que no tiene acceso al baño y debe esperar a que resto se acueste para comer”, comenta Rosa Sosa.

En cuanto a Escamilla, pertenece a una de las tantas familias de Población Vicuña Mackenna que obtuvo un subsidio para comprar una propiedad, a cambio de la demolición de su departamento. “Debo irme de ahí antes del 26 de mayo a las 15 horas, porque lo botarán todo.  Serviu da un bono de $240 mil para quienes ya tenemos casa, pero es injusto que me tenga que ir de ahí para arrendar por dos meses. ¿Y después qué hago? ¿No sería mejor que ocupara ese dinero en mi vivienda, en terminar de pintarla, por ejemplo?”, añade la dirigente.

Los afectados también tienen resquemores contra su Egis, Insoc Limitada. “Su dueño está viendo el mejor postor, quien termina más luego”, observa Sosa, en referencia a la empresa que podría retomar las faenas. Por su parte, Escamilla acusa que  “él está jugando con plata, porque ha tenido pérdidas”.

Además, el comité asegura que el proyecto consideraba un parque. De acuerdo con su versión, en las últimas reuniones, el Serviu manifestó que dicha obra ya no está estipulada dentro de la iniciativa.

 

 

LA RESPUESTA DE SERVIU

En palabras del director regional de Serviu, Víctor Cárdenas, más de 200 familias integran el Comité San Francisco 3 y 4. “Ellos eran parte de un gran proyecto que incluía otras dos etapas, que  logramos entregar en septiembre del año pasado, porque la obra empezó a sufrir retrasos asociados a que la empresa vio insolvencias económicas.  Así es como se acordó traspasar por lo menos las dos primeras fases, para que la empresa se abocara a terminar las restantes. Ese plazo vencía en diciembre, pero no fueron capaces de solventar económicamente lo que faltaba por concluir y se declararon en quiebra a fines de 2015”, detalla la autoridad.

En sus palabras, desde dicho momento es que la Egis “se hizo cargo de cuidar los trabajos y se inició la búsqueda de una nueva constructora para terminar lo que queda”. Esto, teniendo en cuenta que el conjunto alcanzó un progreso de “alrededor del 94 por ciento. Hoy existen dos empresas que han hecho sus evaluaciones económicas”, dice. Ésas deben ser puestas sobre la mesa entre ésta y la otra semana.

“Sólo en obra física deben ser otros 60 días (de espera), más el tiempo que requiera tramitar la recepción municipal y que por lo general se aborda en un mes”, añade el director sobre el periodo que podría tardar la entrega, luego de que definan quién se hará cargo de ésta.

“Si hubiera un presupuesto mayor (que financiar), analizaremos cómo comenzamos en tanto gestionamos la diferencia de recursos que podría generarse. Se debe comprender que para nosotros este conjunto cae en la clasificación de crítico: mientras más nos demoremos en retomar las obras, más caro saldrá. Entonces, es muy relevante definir a quién le pasamos el término de los arreglos”, apunta.

“Efectivamente las familias han estado aguardando por sus viviendas, pero también han sido siempre informados y se han hecho bastantes reuniones para que conozcan la situación. Nunca esperamos que esto sucediera”, recalca. En ese sentido, explica que el Serviu realizó todas las gestiones posibles para que la empresa pudiera dar fin con éxito al proyecto. “Se hicieron encuentros con los bancos, para ver si podían terminar de financiar la obra. Pero el tema se hizo insostenible cuando dejaron abandonados otros trabajos en Arica. Ellos mismos presentaron la quiebra o insolvencia (acá), dándonos pie a que cobráramos las boletas de garantía, retuviéramos los pagos pendientes y todo lo administrativo que significa liberar recursos para contratar a otra constructora”, sentencia.

Sobre por qué no intervinieron antes, Cárdenas argumenta que la liquidación del contrato sólo se puede llevar a cabo en el peor escenario. “Debes dejar un tiempo para entrar en un litigio con la empresa, respecto a si acepta o no el término del documento. Por ende, puedes ingresar en una pelea que implicaría mucho tiempo en resolverse, con recursos de protección y todas las herramientas que da la legislación”, analiza. Para la autoridad, esto hubiese sido peor para la obra.

En cuanto a los trabajos que falta por realizar, sostiene  que ya se ejecutó la urbanización del proyecto y que resta efectuar las terminaciones interiores, “asociadas a las instalaciones de gas y electricidad, además de los remates generales en puertas y ventanas. Hay que hacer observación por observación”, subraya.

Otro punto en la mira para los afectados, es la responsabilidad de la Egis en el actual escenario. Consultado sobre este aspecto,  el director regional de Serviu afirma que eso sólo podrá ser establecido por la Seremi de Vivienda. “Para eso también es importante que, si las familias están disconformes, hagan sus presentaciones”, desliza. No obstante, garantiza que han buscado resolver el problema junto a dicha entidad. “Si hubiésemos tenido algún incumplimiento de parte suya, le hubiésemos pedido que salieran. Hoy, eso no se ha podido visualizar. Es más, han tenido una participación activa para solucionar el tema, permitiendo que esto se resuelva lo más rápido posible, porque ellos firman el contrato con los comité y con la constructora. Por ende, no pasa por nuestra parte administrativa en términos de plazo. Es (un asunto) más ejecutivo”, observa.

Respecto a si la iniciativa incluía un parque, la autoridad recuerda los orígenes de ésta. De acuerdo con él, Sagunto no fue la primera empresa en encabezar este conjunto, sino que Beltec junto con otra Egis, quienes no alcanzaron a realizar ningún trabajo. Eso, hasta más menos 2012. “Cuando asume la nueva empresa con nueva Egis, se plantean modificaciones que fueron aprobadas en la instancia correspondiente. Por tanto, hoy estamos dando cumplimiento al último proyecto” visado, aclara. “Todo lo ofrecido o prometido, no tenemos forma de ratificarlo, porque debemos regirnos por lo que tenemos aprobado”, remata Cárdenas.

 

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