Ejecutivo puso suma urgencia a reforma constitucional sobre elección de intendentes

En marzo pasado, la Sala del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar la reforma de elección democrática de los intendentes. No obstante, según afirmó la senadora Ena Von Baer, presidenta de la Comisión de Gobierno, “el proyecto había permanecido sin calificación de urgencia hasta el día de hoy (jueves) cuando pusimos en tabla el proyecto”.

Precisamente, en dicha sesión de la Comisión, el Gobierno informó que se pondría  suma urgencia a la reforma constitucional sobre elección democrática de los intendentes, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado

El problema es que en la citada sesión no surgieron los diálogos políticos esperados por los senadores con el Ejecutivo para perfeccionar el sistema de elección de los intendentes y el traspaso de competencias, entro otros temas.

Según reclamó la senadora Von Baer, “el ejecutivo retrocedió respecto al acuerdo político que se había alcanzado en la discusión en general y particular de este proyecto, por lo que volvimos a discutir los mismos temas de hace 6 meses”. Lamentó que el “ejecutivo haya tomado el camino de imponer una postura que es un retroceso para quienes creemos que no puede haber un representante del Presidente de la República que tenga más poder que el electo por la ciudadanía”.

Puntualizó que “el ejecutivo propone ahora un representante del Presidente que será el Secretario Regional Presidencial que coordinará y supervigilará todos los servicios públicos descentralizados y de quienes dependerán también los nombramientos de los seremis. Entonces,  ¿de qué descentralización estamos hablando?”.

Recordó que éste fue un tema que se discutió en la Comisión y por eso se llegó a un consenso en torno a que no iba a existir esa figura regional sino que un gobernador regional y delegados presidenciales provinciales. La señal era política, porque si bien en un principio el gobernador no tendría mucho poder no queríamos competencia entre el elegido con voto popular y el representante presidencial”.

Por su parte, el senador Jorge Pizarro, quien reemplazó al senador Andrés Zaldívar, expresó su desazón porque “estábamos citados para votar en particular el proyecto porque el tema de fondo es si vamos a elegir democráticamente a las autoridades regionales”.

Agregó que “nosotros estamos porque haya una elección democrática y que la mayoría se exprese. Es evidente que esa autoridad regional sea elegida con mayoría absoluta de votos y que además tenga competencias necesarias para llevar adelante la implementación de una estrategia de desarrollo regional”.

Respecto al sistema de elección criticó que “la postura de la oposición sea que el gobernador regional sea elegido por mayoría simple” y aclaró que “me parece que no corresponde, porque se necesitan autoridades con respaldo ciudadano y tal como está el proyecto podría salir electo un gobernador regional solo con un 15% o 20% de los votos por la dispersión en las candidaturas y nosotros creemos que si no se alcanza la mayoría de votos debiera haber segunda vuelta”.

Tras la sesión, el subsecretario destacó la decisión de darle carácter de suma urgencia al proyecto y que los senadores de dicha instancia hayan acordado sesionar dos veces a la semana, a partir de la próxima semana. “Ojalá en el mes de junio podamos tener la reforma despachada de la Comisión”, señaló el subsecretario.

Por otra parte, el subsecretario Cifuentes reafirmó que la voluntad del gobierno es que la primera elección de intendentes se haga el año 2017. “Para eso estamos trabajando”, enfatizó.

En cuanto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, el titular de la SUBDERE manifestó que fundamentalmente se espera revertir la decisión de la Comisión de Gobierno de establecer la mayoría simple como mecanismo de elección. El ejecutivo plantea elegir con segunda vuelta.

Al respecto, explicó Cifuentes, lo ideal es que los futuros gobernadores regionales asuman respaldados por una mayoría significativa. “Tener intendentes elegidos con el 20% o 30% es un umbral muy bajo y muy poco representativo, lo que les dificultaría tener el empoderamiento que van a necesitar en un período donde van a surgir muchas demandas”, añadió.

Cabe destacar que la suma urgencia significa que el Senado tiene un plazo de 15 días para despachar el proyecto. En este caso, la decisión del gobierno se hace extensiva también para cuando la iniciativa se discuta en la Cámara de Diputados.

El estudio en particular de esta reforma en la Comisión de Gobierno del Senado, proseguirá el próximo miércoles 8 de junio, a partir de las 12:30 horas, en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso. Al día siguiente, la instancia también va a sesionar, pero esa vez será en Santiago.

PREOCUPACIÓN

Por su parte, el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich Von Baer, manifestó su preocupación después de sostener reuniones con la propia Presidenta de la República y el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre. “Desde el punto de vista del cumplimiento de los acuerdos generales alcanzados que había que poner en práctica en esta Comisión nos vamos frustrados porque el tiempo corre y todavía no se resuelve en especial lo relativo al sistema electoral y el traspaso de atribuciones”, señaló.

Aseguró que “nuestro temor es perder  no solo un mes o el año, sino un cuatrienio completo porque no vamos a alcanzar a elegir los gobernadores regionales en noviembre del próximo año. Eso sería ofensivo y grave para las regiones”.

CRITICA DE LOS CORES

La ANCORE (Asociación Nacional de Consejeros Regionales) ha sido especialmente crítica con el proyecto de Transferencia de Competencias presentado por el ejecutivo. Según señalan los consejeros, “el proyecto no contempla traspaso de competencias efectivas y reales a las regiones”, reclaman que  no hay traspaso de servicios y programas desde el estado central a las Regiones, esta facultad seguirá centralizada.

Recordemos que el proyecto presentado por el Ejecutivo priva al Core de votar proyecto a proyecto, atribución que hoy tienen y entrega al Consejo solo la atribución de establecer marcos presupuestarios. Reclaman no recibir reales facultades de fiscalización del quehacer del gobierno. El proyecto establece la atribución de que cualquier funcionario público deba responder a las preguntas formuladas por el CORE como cuerpo colegiado.

También reclaman que la iniciativa no entrega ninguna facultad a los gobiernos regionales para enfrentar con sus propios recursos situaciones de emergencia en forma directa.

Aseguran que bajo el actual proyecto el 92% del presupuesto que se invierte en las regiones lo seguirá resolviendo el Gobierno Central de turno, con su nueva autoridad designada llamada “Delegado Provincial”  y que sólo un 8% será resolución del Gobernador Regional y Core, pese a que se establece que ambas autoridades sean electos democráticamente por los ciudadanos.

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