EDITORIAL: Agenda de Regionalización

 

Hace por lo menos un año el Ejecutivo viene impulsando lo que ha denominado agenda de descentralización, donde la elección democrática de intendentes ( o mejor dicho de gobernadores regionales) es la más esperada de las reformas que en este ámbito ha comprometido el gobierno. Pero la tramitación ha sido larga y no ajena de complejidades ya que el diseño presentado por el ejecutivo implicaría un profundo cambio en la manera de cómo se hacen y se entienden las cosas en las regiones, por ejemplo elegir intendentes que no serán intendentes, ya que no solo cambiaran de nombre, sino que tendrán menores atribuciones o al menos distintas a las que hoy tiene la máxima autoridad regional.
Otro proyecto largamente esperado por nuestras regiones es el que permita generar un procedimiento que permita la transferencia de competencias a las regiones en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Pero esta iniciativa tampoco ha estado ausente de polémicas en su tramitación, pensando en cómo será su implementación. Por ejemplo, se discute los excesivos plazos que tendrá el gobierno central para evaluar si transfiere o no una competencia, conservando la facultad de revocarla después de un año. Por otro lado, podría ocurrir que el intendente regional elegido por votación directa sea de distinta tendencia política que el Presidente de la República, lo que podría hacer más engorrosa la transferencia e incluso no transferirse una determinada competencia, no estando claro aún como se dirimirán eventuales diferencias entre la región y el nivel central.
También ha sido discutida la idea de que los Consejeros Regionales no puedan votar proyecto a proyecto sino que determinar partidas presupuestarias donde pueden introducir glosas que le den un marco a la inversión. Si bien las razones esgrimidas por el Ejecutivo en cuanto a que el Core ahora, al tener mayores atribuciones fiscalizadoras sobre la labor del gobierno en la región, no puede convertirse en juez y parte al votar proyecto a proyecto, pueden ser atendibles faltaría entonces en la norma alguna forma de que las glosas introducidas por el Consejo sean realmente obligatorias para el nivel central, o también que el CORE tenga algún nivel de poder aplicar alguna sanción a quienes está llamado a fiscalizar, ya que según se dice en el proyecto los Cores tendrán la atribución de citar a comparecer ante ellos a cualquier funcionario público que desarrolle alguna labor en el territorio. ¿Pero qué pasa si las respuestas no son satisfactorias?.
Quedan aún mucho debate pendiente y poco tiempo para realizarlo, especialmente si se quiere poder elegir democráticamente a la autoridad regional el próximo año, pero al mismo tiempo existe el peligro de legislar de manera muy rápida un cambio completo de la estructura de gobierno regional sin tiempo para una correcta socialización ni menos tiempo para poder medir y meditar sus consecuencias. Tal vez no sea malo no elegir intendentes en 2017, siempre y cuando se deje a firme una fecha próxima –tal vez 2018- y que exista el compromiso cierto de que el tema se verá con la profundidad necesaria cuando también debería ser sí o sí parte del programa de cualquier futuro gobierno. Además por último cabe preguntarse cuál es el apuro del gobierno de discutir este profundo cambio regional ( la semana pasada introdujo suma urgencia a los proyectos) cuando esta discusión debiese estar inserta en el proceso constituyente, en la carta magna que da forma a nuestro estado. Al parecer simplemente o complejamente solo con el cumplir con una promesa de campaña.

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