CORE O’Higgins expresó sus reparos ante nueva Ley de Descentralización

La nueva Ley de Descentralización comienza a tomar tierra derecha en el Congreso luego que la Presidenta Michelle Bachelet enviara la última indicación del Poder Ejecutivo al proyecto, donde se establece que quien sea elegido intendente o Gobernador Regional  en 2017 , debe contar con al menos el 40% de los votos válidamente emitidos.

Esta situación no ha pasado desapercibida para el Consejo Regional de O’Higgins ya que la nueva normativa trae consigo una serie de cambios operacionales, muchos de los cuales no son aprobados p0r este órgano colegiado. Tras el envío de la indicación, la nueva Ley de  Descentralización comienza a agilizar su tramitación en el Congreso con el fin de concretar la elección de Intendente a fines del próximo año.

En este marco, Fernando Verdugo, presidente del CORE O’Higgins dio a conocer a la opinión publica los reparos del consejo local  respecto a la nueva normativa.

En primer lugar el Consejo regional de O’Higgins expresó su molestia por el acuerdo emergido entre la oposición y el oficialismo para exigir un porcentaje de votación (40%) al momento de ser elegido Intendente:  “Los Consejeros Regionales hemos estado detrás de la democratización del espacio regional desde un principio, apoyando hoy la elección popular de la máxima autoridad política de nivel regional, que se llamará Gobernador Regional, por mayoría simple”. Al mismo tiempo los consejeros reclaman que la ley les impida a cualquiera de ellos postular al cargo de Gobernador Regional.

 

Luego el CORE expresó sus reparos en cuanto al financiamiento de las regiones, tras la aprobación de  la nueva ley. Ello porque a pesar de que se aspira a mayor regionalización, la masa de los recursos siguen procediendo desde el gobierno central, bajo el mismo sistema manejado hasta hoy, algo que no daría ningún tipo de independencia económica a la región . “Hoy el proyecto no presenta claramente cómo se financiará a las regiones, con qué y cuántos recursos económicos dispondrán para su funcionamiento, recursos financieros que estimamos debe ser acorde al traspaso de competencias. Los Gobiernos Regionales deben contar con una estructura que permita eficiencia y eficacia en el gasto. Se requiere instituir una Unidad de Presupuesto Regional, que permita contar con procesos contables-administrativos regionales y descentralizados del gobierno nacional, con altos estándares de gestión”.

¿GOBERNADOR REGIONAL SIN ATRIBUCIONES?

Una de las grandes dudas que ha generado la creación de la figura  del Intendente electo o Gobernador regional son sus atribuciones. El proyecto de ley deja en evidencia que el poder  de esta figura política estará siempre limitada por el Gobierno Central, por ello los CORES reclaman entregarle real autonomía  “ el Gobernador Regional debe estar dotado con facultades y capacidades mayores o similares a las que hoy poseen los actuales Intendentes designados; lo que no está en la ley, cuestión que hemos denunciado como un acto de ilusionismo político que burla los compromisos descentralizadores comunicados a la ciudadanía. El Gobernador Regional debe tener el poder para administrar y ejecutar la voluntad popular de los ciudadanos de la región, ya que sin estos poderes sería una figura simbólica sin valor, con costos políticos caros para la democracia regional”.

A su vez,  los Consejeros Regionales también reclaman estar a la deriva con la nueva ley , ya que esta no indica cuáles son sus funciones una vez sea electo el nuevo Gobernador regional “en el proyecto se debe determinar cuáles serán las funciones y atribuciones de este órgano colegiado elegido democráticamente por los ciudadanos de la región, robusteciendo su rol fiscalizador de los actos de Gobierno y de la nueva primera autoridad regional, pero nada hay en la ley propuesta sobre ello. El CORE debe seguir fiscalizando todos los recursos del FNDR trasferidos o traspasados a otros organismos públicos y privados, pudiendo además, fiscalizar a las corporaciones creadas por ley que tengan financiamiento del GORE, para lo cual debe existir el procedimiento legal claro y transparente para exigir el cumplimiento de estas labores fiscalizadoras por un lado y de las obligaciones de la primera autoridad regional, por otra”.

El CORE O’Higgins, por último expresa que todas estas aprensiones se justifican cuando una legislación crucial para el desarrollo de O’Higgins y el resto de las regiones del país está en juego: “Los Consejeros Regionales no buscan otro norte que una real y legítima administración democrática e independiente para cada región de nuestro país, con Gobiernos Regionales autónomos, para satisfacer las necesidades y proyectos de cada una de ellas. Proceso que debe ser escalonado y constante para que, tanto el Gobierno Nacional como los regionales, puedan lograr un sano desarrollo, con nuevas autoridades e instituciones regionales, fuertes y capaces de dar respuesta a los desafíos de un nuevo Chile”, sentencian.

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