Contraloria objeta estatutos de universidades de O´Higgins y Aysen

La Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón de los estatutos de las universidades de Aysén y de O´Higgins, por encontrar que varias de sus disposiciones “no se ajustan a derecho”

La Controlaría objeta   la atribución del rector  para conferir los grados académicos, títulos profesionales y técnicos de nivel superior “a los estudiantes que aprueben los requisitos correspondientes”-, ya que según señala el informe correspondería a las casas de estudios superiores -y no a alguna autoridad de las mismas- otorgar los mencionados títulos y grados.

Asimismo, fueron observados los artículos que entregaban  al rector la potestad de ” fijar la planta del personal académico y de colaboración, pudiendo al efecto crear, modificar y suprimir cargos”.

Asimismo la Controlaría  señala que si bien se le otorga al rector la facultad para “resolver conflictos de autoridad que se sometan a su decisión”, no se advierte el alcance de la expresión “conflictos de autoridad” ni se precisan quienes pueden someter tales conflictos a la resolución del rector.

También por falta de precisión deben objetarse los artículos 20, letra c), de los documentos en estudio, que prevén como causal de remoción del rector la “Contravención grave de la normativa”, ya que no se indica ni genéricamente a qué clase o tipo de preceptiva se refieren esas disposiciones.

Además, Contraloría subraya que “los estatutos de las Universidades de Aysén y O´Higgins no consideran las unidades responsables del manejo contable, financiero y presupuestario, situación que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, letras d) y h), de la ley N° 20.842, que exige que dichas preceptivas contengan la estructura administrativa esencial encargada de la gestión presupuestaria”.

Una vez conocido el documento desde el Mineduc señalan que se trata de “un oficio devolutorio, mediante el cual Contraloría solicita que se realicen ajustes a los estatutos”, al mismo tiempo que se comprometen a solucionar las observaciones formuladas. Aseguran que “este proceso es parte del trabajo regular de Contraloría al momento de tomar razón de distintos documentos”

Además el Ministerio insiste que estas observaciones no interfieren en el funcionamiento actual de las universidades “el envío de este oficio no interfiere en absoluto el funcionamiento actual de ambas casas de estudio, dado que las universidades siguen funcionando con normalidad, con apego a las normas básicas de funcionamiento que las regulan, consagradas en el Decreto 414, de Educación, de 2015, y que se encuentran plenamente vigentes hasta la total tramitación de los estatutos definitivos de las universidades”, señalaba el comunicado de prensa.

 
Texto completo del Informe de Contraloría
N° 1.049 Fecha: 12-I-2017
Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de los decretoscon fuerza de ley de la suma, que fijan los estatutos de la Universidad de Aysén y de la Universidad de O´Higgins, respectivamente, por cuanto algunas
de sus disposiciones no se ajustan a derecho.
Como cuestión previa, es útil señalar que los documentos en análisis han sido
dictados de acuerdo a lo prescrito en el artículo primero transitorio de la ley N°
20.842, en cuanto faculta al Presidente de la República, por el plazo de un año
a contar de la publicación de dicho texto legal, para que mediante uno o más
decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de
Educación -MINEDUC-, los que también deberán ser suscritos por el Ministro
de Hacienda, “dicte las normas estatutarias que regularán la organización, las
atribuciones y el funcionamiento de la Universidad de O’Higgins y de la
Universidad de Aysén”.
Luego, se debe hacer presente que el artículo segundo transitorio de la citada
ley dispuso, en lo que interesa, que para efectos de lo señalado en el artículo
anterior, dentro del plazo que allí se establece, el rector de la universidad
respectiva presentará al MINEDUC el proyecto de estatuto de la universidad,
el que deberá contener, a lo menos, las disposiciones relativas a las materias
que en ese precepto se consignan.
Así, se colige que el contenido mínimo que el artículo transitorio recién
reseñado exige a los proyectos de estatutos que deben presentar los
respectivos rectores, también debe ser satisfecho por los estatutos definitivos
que se fijan por los pertinentes decretos con fuerza de ley.
Aclarado lo anterior, y en primer término, procede objetar la letra e) de los
artículos 17 de ambos decretos con fuerza de ley -que otorgan al rector la
atribución para conferir los grados académicos, títulos profesionales y técnicos
de nivel superior “a los estudiantes que aprueben los requisitos
correspondientes”-, ya que de acuerdo con lo ordenado por el artículo 6° de la
citada ley N° 20.842, compete a dichas casas de estudios superiores -y no a
alguna autoridad de las mismas- otorgar los mencionados títulos y grados.
Asimismo, corresponde observar el artículo 17, letra g), del decreto con fuerza
de ley N° 7 y el artículo 17, letra h), del decreto con fuerza de ley N° 8, los
cuales prescriben que le corresponderá al rector fijar la planta del personal
académico y de colaboración, pudiendo al efecto crear, modificar y suprimir
cargos.
Lo anterior, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo segundo
transitorio, letra e), de la ley N° 20.842, los estatutos deben contener “Las
normas para fijar y modificar la planta de todo el personal de la universidad”, lo
que no se satisface en la especie ya que los literales objetados se limitan a
conferir al rector la potestad de fijar la planta, sin establecer una preceptiva
mínima que regule la forma en que se ejercerá tal atribución.
Por su parte, es menester indicar que los artículos 17, letra k) y 17, letra l), de
los estatutos de las Universidades de Aysén y O´Higgins, respectivamente,
vulneran lo previsto en los artículos transitorios primero y segundo, letra a), de
la ley N° 20.842, que prescriben, respectivamente, que por medio de decretos
con fuerza de ley se establecerán las normas estatutarias que regularán la
organización, las atribuciones y el funcionamiento de las universidades de que
se trata, y que en esos estatutos se deben comprender disposiciones relativas
al gobierno de la universidad, a los procedimientos para la designación y
remoción de sus autoridades de gobierno y administración, a la forma de
integración de los organismos colegiados, así como las atribuciones
fundamentales que correspondan a unos y otros.
En ese contexto se debe señalar que si bien en los preceptos cuestionados se
le otorga al rector la facultad para “resolver conflictos de autoridad que se
sometan a su decisión”, no se advierte el alcance de la expresión “conflictos
de autoridad” ni se precisan quienes pueden someter tales conflictos a la
resolución del rector.
Asimismo, es dable señalar que los artículos 17, letra v) y 17, letra x), de los
aludidos decretos con fuerza de ley Nos 7 y 8, facultan al rector para “Autorizar,
cuando corresponda, el pago de los gastos de alojamiento, alimentación y
traslados, a las personas que no siendo funcionarios” de las universidades en
comento “cumplan misiones de interés para la institución”, expresión esta
última vaga, lo que hace necesario que se precise en esas disposiciones que
el interés debe estar vinculado a las funciones propias de la universidad.
También por falta de precisión deben objetarse los artículos 20, letra c), de los
documentos en estudio, que prevén como causal de remoción del rector la
“Contravención grave de la normativa”, ya que no se indica ni genéricamente a
qué clase o tipo de preceptiva se refieren esas disposiciones.
Por idéntico motivo deben observarse los artículos 22, inciso octavo, número
iii), de ambos decretos con fuerza de ley.
Del mismo modo, deben precisarse los artículos 17, letra n) y 17 letra o) de los
mencionados decretos con fuerza de ley Nos 7 y 8, que otorgan al rector la
facultad de “Suscribir y contratar, directamente, con cargo al patrimonio
universitario y en conformidad a la ley, empréstitos y obligaciones financieras
que, de acuerdo con las pautas de endeudamiento que se establezcan
anualmente, no requieran la autorización previa del Consejo Superior y, en
caso contrario, solicitar la aprobación u opinión respectivas y contratar
aquellos que sean autorizados”, toda vez que su redacción podría configurar
una excepción a las normas de contratación pública contenidas en el artículo
9° de la ley N° 18.575 y en la ley N° 19.886, cuestión que no se observa haya
sido prevista por la ley delegatoria respectiva.
Asimismo, es dable anotar que el inciso cuarto de los mencionados artículos
22, no contiene las normas que permitan resolver los casos en que se
produzcan empates en las sesiones de los respectivos Consejos Superiores,
cuestión que igualmente contraviene la letra a) del antedicho artículo segundo
transitorio de la ley N° 20.842, toda vez que no resulta suficiente para un
eficaz gobierno en esas universidades.
Igual objeción debe realizarse al inciso octavo de los citados artículos 22, y a
los artículos 23, letras g) y h), de los decretos con fuerza de ley en examen,
relativos al quorum para remover al rector y a los integrantes que se indican
de los Consejos Superiores de ambas universidades.
En relación a las facultades de los antedichos Consejos Superiores, no se
precisa el alcance de la expresión “políticas generales de largo plazo” que
emplean los artículos 23, letra a), de los decretos con fuerza de ley en estudio,
ni se señala qué autoridad u órgano somete a esos cuerpos colegiados la
aprobación de éstas, lo que también contraviene lo dispuesto en el artículo
segundo transitorio, letra a), de la ley N° 20.842, en cuanto no están definidas
con claridad las atribuciones de esos órganos.
Tampoco los decretos con fuerza de ley en análisis regulan qué sucede
cuando no se aprueban las políticas financieras anuales, el presupuesto y sus
modificaciones, a que alude el literal b) de esas disposiciones, circunstancia
que contraviene lo previsto en la letra h) del artículo segundo transitorio de la
referida ley N° 20.842, que exige que los respectivos estatutos deben
establecer el procedimiento para la elaboración de los presupuestos de las
universidades de que se trata, procedimiento que debe considerar el aspecto
omitido antes enunciado.
Por otra parte, y conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo segundo
transitorio, letra a), de la ley N° 20.842, corresponde que tratándose de las
funciones de los Contralores Internos de ambas casas de estudios, se
complementen los artículos 26, inciso primero, de los estatutos de la
Universidad de Aysén y 32, inciso primero, de los estatutos de la Universidad
de O´Higgins, en orden a que si bien los respectivos Consejos Superiores
pueden encomendarle a esas autoridades desempeñar otras funciones, éstas
deben relacionarse con las tareas propias del control interno.
En otro orden de materias, cabe mencionar que los estatutos de las
Universidades de Aysén y O´Higgins no consideran las unidades responsables
del manejo contable, financiero y presupuestario, situación que no se ajusta a
lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, letras d) y h), de la ley N°
20.842, que exige que dichas preceptivas contengan la estructura
administrativa esencial encargada de la gestión presupuestaria.
Asimismo, es preciso manifestar que si bien los artículos 40 y 45 de los
mencionados decretos con fuerza de ley Nos 7 y 8, preceptúan
respectivamente que los recursos que integran el patrimonio de las casas de
estudios serán administrados por éstas “con plena autonomía, pudiendo
celebrar a su respecto todo tipo de actos y contratos”, dichas disposiciones
deben entenderse sin perjuicio de otras normas aplicables al efecto, que
restrinjan tal prerrogativa.
De igual modo, cabe hacer presente que si bien los artículos 44, inciso final, y
49, inciso final, de los decretos con fuerza de ley en estudio, disponen que las
señaladas universidades podrán contratar cuando sus necesidades lo
requieran “la prestación de servicios profesionales, técnicos y de expertos”,
siempre que se traten de funciones que no puedan realizar su personal y que
sean de carácter transitorias, en cuyo caso se regirán “exclusivamente por las
normas del Código del Trabajo y leyes complementarias”; ello es sin perjuicio
de las normas de contratación pública que rigen para la adquisición y
prestación de servicios a la Administración contenidas en el artículo 9° de la
ley N° 18.575 y en la ley N° 19.886.
Finalmente, cumple con manifestar que los documentos en examen no dan
cumplimiento a lo previsto en el artículo segundo transitorio de la ley N°
20.842, en sus letras j), que exige establecer la forma en que la universidad
prestará servicios de asesorías y consultorías a terceros resguardando que no
afecten los intereses del Estado y l), que obliga a determinar la fecha en que la
universidad iniciará sus actividades.
En virtud de lo expuesto, se devuelven sin tramitar los decretos con fuerza de
ley de la suma.

 
Saluda atentamente a Ud.,
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Top