Expertos responsabilizan al Mineduc por traspié de los estatutos de la UOH

Como insólito e incluso desprolijo calificaron tres académicos el trabajo de los abogados del Ministerio de Educación encargados de redactar los estatutos de la U. de O’Higgins y Aysén. Respecto a los alcances legales de estos hechos, la mayoría cree que la problemática generada no es menor.

 

 

IRENE PADILLA A.

 

 

Un bochorno de marca mayor es el que se vivió en las oficinas del Ministerio de Educación luego que este martes se conociera que la Contraloría General de la República objetó en su conjunto los estatutos de las universidades de Aysén y O’Higgins. La situación generó una reacción inmediata del Mineduc, donde sus autoridades salieron al paso afirmando que esta era una situación normal del proceso y que nadie se vería afectado por ello.
Pero ¿qué tan tranquilizador es el panorama legal que vive la UOH hoy ? Sebastián Donoso es director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la U. de Talca, y ya en marzo de 2016 tras conocer el borrador de los estatutos de la UOH había advertido a El Rancagüino que las atribuciones del rector eran excesivas e incluso rayaban en la inconstitucionalidad, tal como lo indicó Contraloría en sus observaciones. “Yo me acuerdo de haber revisado los estatutos y de lo que dije y creo que hoy más que nunca deben existir instancias mucho más auditables de control por la ciudadanía, y que las atribuciones estén equilibradas, que el poder este equilibrado y eso es lo que está reclamando la Contraloría”. A su vez, el académico de la vecina U. de Talca indica que el tropiezo de los estatutos en Contraloría a solo dos meses que se inicien las clases es un claro error del Mineduc . “Es insólito que suceda una situación de esta naturaleza, tan evidente, sin que controles previos lo hayan solucionado, porque no es una objeción menor la que se hace donde uno diría aquí hay un problema interpretativo, este no es un problema interpretativo, claramente este es un problema mucho más complejo”.

Una opinión similar tiene José Julio León, profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales y experto en Derecho de la Educación, quien advierte responsabilidades claras ante este paso en falso sufrido por la UOH: “La facultad de dictar los estatutos de las nuevas universidades estatales, mediante decreto con fuerza de ley (DFL) corresponde exclusivamente a la Presidenta de la República .Ella se ejerce, en este caso, a través de uno o más DFL expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda (art. 1º transitorio de la ley 20.842). Es decir, la responsabilidad política recae en este caso en los respectivos ministros”.
Al mismo tiempo el ex rector de la U. de Chile, Luis Riveros subrayó que “esto muestra que las cosas en el Ministerio de Educación se hacen un poco sin cuidado con los detalles, en esto tienen que haber trabajado abogados del Ministerio que saben muy bien cuáles son la exigencias de la Contraloría, y no se tuvieron esos cuidados fundamentales”. Respecto a qué clase de responsabilidad recaería sobre la Universidad de Chile que como institución tutora también se involucró en la redacción de los estatutos, Riveros expone que la Casa de Bello “dio el modelo, pero la escritura de los artículos es responsabilidad de los abogados y de la dirección jurídica del Ministerio de Educación”, concluyó.

 
UN SERIO TRASPIÉ PARA LA UOH
El ex rector de U. de Chile y quien presidió el Comité Ejecutivo para crear la Universidad regional afirma que desde su punto de vista esta situación no afectará el funcionamiento de la Universidad de O’Higgins, aunque urge que el Mineduc reforme los estatutos cuanto antes: “ Lo que tiene que hacer el Mineduc es tomar esto y enviar las correcciones a la Contraloría ahora ya, de manera que no persista esta objeción, estas son objeciones sobre cosas no fundamentales de la universidad, esto no tiene implicancia desde el punto de vista de operación de la Universidad, no hay objeción a los temas de la academia, ni a las selección de alumnos, ni a los temas de comienzo de año académico”.

Por el contrario José León, experto en derecho educacional de la U. Diego Portales advierte que el escenario no es tan tranquilizador: “Primero que todo, los DFL debían dictarse en el plazo de un año desde la publicación de la ley, plazo que ya expiró en agosto de 2016. Si bien la doctrina y la jurisprudencia aceptan que el plazo es para el ingreso del DFL a las instancias de control, pudiendo la toma de razón darse en fecha posterior, en este caso tenemos una ‘abstención de toma de razón’ por no ajustarse algunas disposiciones de los DFL a Derecho, lo que abre la interrogante de si podrá el Ejecutivo todavía ejercer la facultad de enmendar las partes objetadas”. Respecto a las contrataciones que está realizando la UOH, el académico explica que “ todo el régimen de personal, la fijación de plantas y de remuneraciones, depende de la vigencia de normas estatutarias, que en este caso aún no existen. Es decir, la universidad no puede contratar personal permanente -académicos y funcionarios- en tanto no se aprueben las normas estatutarias respectivas. Por último es el estatuto el que debe señalar la fecha de inicio de actividades. Sin estatuto, la nueva Universidad no puede comenzar a impartir docencia reconocida legalmente”, asegura. Ante este escenario la sentencia de José León es clara “ si bien lo ocurrido puede encontrar solución -en la medida que el Contralor acepte que el DFL sea reingresado a trámite con las correcciones correspondientes y, en definitiva, tome razón de la normativa- constituye un serio traspié para la puesta en marcha de la nueva Universidad de O’Higgins”.

Finalmente Sebastián Donoso de la U. de Talca coincide en que la situación legal de la UOH es compleja a la hora de querer funcionar : “Esto afecta, hoy están admitiendo estudiantes y si bien en ese sentido el sistema único de admisión no es objetable, los procesos legales para incorporar esos estudiantes, admitirlos y entre otros para tramitar la gratuidad requieren que las autoridades en cuestión estén debidamente nombradas, entonces probablemente esto va a generar un retraso que a mi juicio se podría haber evitado”.

Related posts

Top