En la región: 50% cree que los funcionarios públicos son “muy corruptos”

Encuesta del Consejo para la Transparencia evidencia que los ciudadanos de esta zona del país tienen una mirada muy crítica de la corrupción, manifestándose por sobre la media nacional. Al mismo tiempo los ciudadanos del Libertador poseen una alta valoración de la transparencia y más necesidad por acceder a la información pública.

Hace solo unos días fueron entregados los resultados del VIII Estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), el cual reveló que los chilenos aumentaron su nivel de reprobación de los organismos públicos y sus funcionarios en materia de transparencia, evidenciando una percepción más crítica respecto de lo que se observó en el año 2015.
La encuesta, aplicada a 2.853 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el territorio nacional entre septiembre y noviembre pasado, arrojó que sólo el 18% considera que las entidades públicas son transparentes. Asimismo, un 63% de los encuestados a nivel nacional no logró identificar alguna institución pública o privada que le diera confianza.
En el caso de la región de O’Higgins, esa mirada es aún más crítica, pues un 70% de los habitantes de esta zona no pudo identificar una institución pública o privada en la cual confiar. Y dentro de quienes sí identificaron a alguna institución, tanto a nivel nacional como regional, se mencionó principalmente a Carabineros y la Teletón.
Asimismo, el estudio del CPLT reveló que la crisis de desconfianza se agudiza en la región, ya que un 92% de sus habitantes —nueve de cada diez personas— cree que los actos de corrupción que se registran en el país quedan impunes. Esto es siete puntos porcentuales más que el promedio nacional. Además, un 57% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida y un 50% afirma que el sector público es “muy corrupto”.
“Estos resultados constituyen un importante llamado de atención que debería ser considerado por todos los sectores, privados o gubernamentales, sobre cómo debemos proceder. Los ciudadanos están indicando el camino para reconstruir la confianza: la transparencia, la honestidad, el acceso a la información y la claridad son las piedras angulares de este proceso de reconstrucción social”, señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María.
Pese a esta crítica visión, un 51% a nivel nacional cree que la corrupción es hoy más fácil de detectar en comparación a cinco años atrás, cifra que baja a 45% en el caso de la región de O’Higgins.

 

 

LA REGION PIDE MÁS INFORMACION PÚBLICA
La encuesta reveló también un alza en la valoración del acceso a la información pública como un derecho, en comparación a 2015, cifra que es notablemente mayor en el caso de la Región de O’Higgins. Así, mientras un 87% de los chilenos cree que los organismos públicos están obligados a responder las solicitudes ciudadanas de información, en el caso de la sexta región la cifra es superior con un 97%. Lo mismo ocurre con el reconocimiento que todas las personas tienen derecho a acceder a la información de cualquier organismo público, que llega al 86% a nivel nacional y a 96% en la región. En tanto, un 97% de los ciudadanos de la región de O’Higgins está de acuerdo con que si un organismo público no entrega la información solicitada, tienen derecho a reclamar.
El estudio también pone en evidencia la importancia que están dando los ciudadanos a la transparencia como valor que debe preponderar en los organismos públicos. Así, para los ciudadanos de O’Higgins, el atributo más importante que debe tener una institución pública es la transparencia, donde un 85% la menciona, cifra superior al promedio nacional donde alcanza un valor de 76%. Este atributo, además se encuentra relacionado con otras conductas esperadas de los funcionarios y autoridades como la honestidad y eficiencia segundo y tercer lugar (73% y 68% respectivamente).
Otro hallazgo que arrojó el estudio, y que refleja un carácter más aperturista de los chilenos frente a la información que maneja el Estado, pero también un fuerte desconocimiento de la dinámica de funcionamiento propio de la Ley de Acceso a la Información Pública, es que a nivel nacional, un 30% de las personas (y a nivel regional un 38%) cree que hay “cierta información que por su naturaleza debe mantenerse bajo reserva”, la cual a nivel nacional baja de un 70% el 2011.

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