Municipalidad de Chimbarongo es condenada a pagar millonaria  indemnización a cinco funcionarias despedidas

-La suma superaría los 65 millones de pesos y las cinco demandantes pertenecían al círculo de confianza del ex alcalde Cosme Mellado. El municipio además fue acusado de haber cometido actos discriminatorios, mientras el alcalde actual, Marco Contreras aseguró que  siempre actuó de ” buena fe”.
Por Irene Padilla A.

 

Un precedente ante los cambios políticos que se vienen es el que marcaría la sentencia emitida por el Segundo Juzgado del Trabajo  de San Fernando el pasado 12 de junio, texto el cual sentenció a la Municipalidad de Chimbarongo a pagar 65 millones de pesos  a  cinco funcionarias que fueron desvinculadas tras la llegada de la nueva administración a cargo del alcalde Marco Contreras.

Según consigna el documento los hechos se registraron tras las elecciones municipales, específicamente en diciembre de 2016 cuando asume el nuevo alcalde, y estas funcionarias, integrantes del círculo de confianza del ex alcalde Cosme Mellado, aseguraron haber sido víctimas de un trato discriminatorio y de presiones para que dejaran sus cargos, entre otros, administración en Alcaldía, oficina de Turismo y actividades comunitarias. Las funcionarias, cuya antigüedad va de los 16 a los 5 años de servicio, explicaron en Tribunales que participaron activamente de la campaña municipal del ex alcalde Mellado y que ello habría traído consigo fuertes represalias una vez asumió la nueva administración. Una de ellas, llamada Doris Rodríguez, atestiguó ante el tribunal que “el equipo cercano del actual alcalde tomó una actitud de bloqueo con los funcionarios que estuvieron apoyando al alcalde anterior, lo que se tradujo en atraso de notas de pedido  y rechazo de actividades que antes se realizaban de manera normal. Además amedrentaron con que los contratos iban a terminar antes y tal vez bajarían los grados”, declaró.

Así también las otras funcionarias denunciaron actos discriminatorios como bloqueo de correos electrónicos, acusaciones de sumarios falsos, y finalmente despidos sin las justificaciones apropiadas a la causa. Por ello, colocaron una demanda exigiendo el pago de una millonaria indemnización tras haber sido despedidas.

Durante los alegatos, el municipio se defendió arguyendo que los plazos de los trabajadores a contrata vencen en diciembre de cada año y que además la Municipalidad poseía una sobre dotación de trabajadores a contrata que superaba en más de un 40% los límites permitidos por la ley, por lo que era necesario desvincular a funcionarios.

Visto lo anterior el Segundo Juzgado del Trabajo determinó que según indica la jurisprudencia, y en específico  el dictamen de Contraloría 22.766 de marzo del año pasado, los funcionarios públicos a contrata cuyos contratos han sido renovados de manera continua, adoptan una figura de  funcionario con “confianza legítima” por lo que no puede ser despedido a fin de año  sin causales justificadas. Y en este sentido el Tribunal indicó que la municipalidad actuó de manera discriminatoria, ya que si bien es cierto que poseía un alto superávit en funcionarios a contrata, solo esas cinco trabajadoras, fueron elegidas para ser desvinculadas y ” nada se dijo  específicamente de cuáles fueron los criterios específicos utilizados para no renovarlas en su cargo. No se señala en el decreto en que se comunica la no renovación, cuál fue el antecedente que hizo que la autoridad edilicia  eligiera  a las denunciantes por sobre otros funcionarios contratados en la misma modalidad”, detalla el  documento. Así fue como el  Tribunal del Trabajo sentenció  al municipio chimbaronguino a pagar 65 millones de pesos en indemnizaciones y además  ” se impone al municipio el deber de dictar dos charlas informativas acerca de los  derechos fundamentales y no discriminación que rigen en nuestro ordenamiento jurídico aplicable a los funcionarios públicos de sus dependencias”, concluye la sentencia.

 

 

Alcalde Marco Contreras:

“Actué de buena fe”

 

A través de una declaración, pública el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, indicó haberse sentido “sorprendido” por la demanda de las cinco ex funcionarias. “Me sorprendió porque en la fecha que no fueron renovados los contratos ( 30 de noviembre de 2016) yo aún no asumía como alcalde”.

A renglón seguido, el jefe comunal explica que “esta decisión debió tomarse ante dictámenes de Contraloría que regulaban los procesos de renovaciones de contratos de personal municipal y considerando el exceso  de contrataciones que existía en el municipio. Este superaba con creces el límite legal permitido, por lo tanto me extraña que se señale discriminación política  como el origen de todo esto”.

A su vez el alcalde aseguró que las desvinculaciones fueron decisiones adecuadas. “Soy un convencido que esta administración ha actuado de manera correcta, apegándonos a la normativa legal vigente. Por eso defenderé los recursos de todos los chimbaronguinos (por eso) utilizaremos todas las instancias legales correspondientes, ya que esta sentencia es una primera etapa”.

Finalmente Contreras sostuvo sospechar de movimientos políticos en su contra. “Siempre he actuado de buena fe, fui funcionario municipal durante  14 años y mi contrato no se renovó en 2014. Pero nunca se me pasó por la cabeza demandar y lucrar con las platas del municipio. No quiero  pensar que existen manipulaciones con fines políticos para todos esto”, indicó.

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